Agencias en red, una solución ante la carestía evaluadora

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Como no se pueden financiar todos los nuevos desarrollos en tropel, y menos en los tiempos que corren, hay que prestar más atención a la evaluación económica, que vela por la eficiencia. El problema es que aquí no tendrá su merecido protagonismo hasta no adaptar el modelo.

Para lograr la generalización de la evaluación en nuestro país sólo se necesita voluntad política y acuerdos entre las comunidades autónomas.

El momento económico es clave, y la premisa, clara: “Para que los sistemas de salud sean sostenibles hay que introducir la eficiencia en la toma de decisiones como herramienta explícita y necesaria”. Álvaro Hidalgo, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha concretado: “La evaluación de la tecnología se tiene en cuenta en nuestro entorno, ya sea en Portugal, Italia, Holanda, Francia, Inglaterra o Escocia”.

Ante la posibilidad de pensar que la falta de evaluación tecnológica sea algo universal, Hidalgo ha ido más allá: “Nos hemos quedado atrás respecto al resto de Europa. En muchos sitios se utiliza en el acceso a financiación, en precios -en Francia o Finlandia- o en el uso por parte de los profesionales -en Inglaterra-. Desde 2002 el NICE inglés y la agencia escocesa realizan determinaciones cuyo seguimiento es obligatorio en medicamentos”.

“La evaluación es la cuarta barrera o garantía, y está cada vez más extendida de forma reglada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aunque también se tienen en cuenta -algo menos- otros aspectos, como si existe alternativa terapéutica a los nuevos desarrollos y si son importantes desde el punto de vista industrial”, ha señalado Hidalgo durante la jornada Prestación Sanitaria: Incentivación, Eficiencia y Ética, celebrada en Toledo y organizada por la Fundación de Ciencias de la Salud y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Los motivos

¿Y por qué España se ha quedado atrás? “Se lleva mucho tiempo hablando de ello, y en marzo de 2010 el Consejo Interterritorial estableció un marco colaborativo entre las agencias de evaluación y se dijo cómo desarrollarlo”. Sin embargo, en muchos casos es la arquitectura del sistema de salud la que lo dificulta: “La Administración central decide si se financia un nuevo desarrollo, pero son las comunidades autónomas las que pagan. Ahora éstas intentan rebajar la factura y para ello utilizan medidas de eficiencia -genéricos-, pero a veces se olvidan de tener en cuenta el retorno de la inversión”.

Además hay que saber lo que se está dispuesto a pagar. Pero ¿quién lo decide? “En Inglaterra o Suecia se ha establecido un límite de 30.000 euros por año de vida ganado ajustado por calidad (AVAC), pero en España no existe una agencia que lo decida. Sí hay trabajos que sitúan el margen entre 30.000 y 100.000 euros por AVAC, aunque lo lógico es situar el límite superior en los 60.000 euros”.

En cualquier caso, Hidalgo ha aclarado que ese organismo que tomara la decisión podría salir de lo ya existente: “El Consejo Interterritorial quiere un liderazgo de la agencia de evaluación del Instituto Carlos III junto a las agencias autonómicas. No tendría sentido tener diecisiete NICE, o incluso uno. Lo que ya existe puede funcionar si se establece en red”.

“Nosotros podemos crear nuestro modelo, aunque tomando algunos ejemplos. El NICE realiza sus propias evaluaciones, y países como Portugal y Suecia revisan las de la industria. El español se parecería más a este último”. De esta forma no tendrían que ser los comités de farmacia de los hospitales quienes tomaran las decisiones.

Con el funcionamiento en red de las agencias se obtendría la exigencia formal de una evaluación económica y no sólo de eficacia y seguridad, y de ello “se beneficiarían los hospitales, yendo más allá de lo micro, y la industria, porque se aclararían las normas del juego, que en la actualidad no dejan claro por qué un fármaco se aprueba o no, y por qué a un precio determinado”.

El profesor de la universidad castellanomanchega cree que para lograr la generalización de la evaluación en nuestro país “sólo se necesita voluntad política y acuerdos entre las comunidades autónomas. Esto ya existe en otros eslabones de la cadena, como el Grupo Génesis de farmacéuticos de hospital, que incluyen conceptos de farmacoeconomía. El problema es que hay diferentes metodologías y evidencias en la toma de decisiones. Se necesita un marco homogéneo”.

Eficiencia por vía de la incentivación

Ante la posibilidad de contar con incentivos ligados a la eficiencia en la prescripción, el jefe de Área de Farmacia del Sescam ha aclarado que hay que saber cómo encuadrar aquélla: “Todavía hay que mejorar en el desarrollo de estas herramientas”.

Ante esa posible mejora, Martín Fernández-Gallardo se orienta hacia una nueva definición de esos incentivos por parte de las comisiones de los propios hospitales.

Fuente: Diario Médico